Modificar la ley de lavado de activos "es un despropósito"


El presidente de la DNCD, Rolando Elpidio Rosado Mateo, aseveró en Diálogo Libre, que la institución se maneja con un déficit mensual de 1.5 millones de pesos, que se cubren a través de los recursos que proceden de la Ley 62-02 de Lavado de Activos. El déficit es mucho menos que el valor de cuatro kilos de cocaína en el mercado, tomando en cuenta la tasa actual del dólar (38.13).

"Nos limitamos a esperar que lleguen las partidas correspondientes a los bienes incautados a los narcotraficantes. Nosotros nos manejamos con un déficit de 1.5 millones de pesos mensuales. Lo que hacemos es que mensualmente dejamos de pagar cosas a los suplidores, que se pagan cuando entran los recursos", dijo Rosado Mateo.
Por tal razón, advirtió que de aprobarse la modificación a la ley de lavado de activos, se produciría una crisis en la institución, ya que "se despojaría del 50 por ciento de los recursos decomisados a la DNCD", por lo que sería incapaz de solventarse.
Según Rosado Mateo esta ley, sometida por iniciativa del Ministerio Público, sirve a un despropósito. "Quitarle los recursos al organismos de prevención del narcotráfico, para entregarlos a los de rehabilitación, invierte el aparato. Lo que se debería hacer es evitar que la gente llegue a las cárceles y evitar el consumo", asintió. Expuso que en la DNCD hay un combate contra las drogas, pero también "contra enemigos que deberían ser amigos", sin precisar quiénes son esos enemigos.
De acuerdo con Rosado Mateo, la DNCD cuenta con un total de 1,958 agentes y se suple con miembros de los diversos cuerpos castrenses, siendo mayoría los de la Policía Nacional. Los recursos "son insuficientes, como todos los organismos que luchan contra el narcotráfico", dijo.
Defendió que "la DNCD es una de las instituciones del Estado que tiene que cooperar a la gobernabilidad", y retirar o reducir los ingresos a través de la Ley de Lavado de Activos, procedentes de la venta o liquidación de los bienes incautados y decomisados al narcotráfico, por lo que quitarle los recursos de la ley es una forma de debilitar al organismo que lleva "un plan nacional estratégico riguroso contra el narcotráfico".

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