El ex presidente Hipólito Mejía envió una carta al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en la que denunció que las pasadas elecciones en las que obtuvo el triunfo Danilo Medina, fueron el resultado de una cadena de acontecimientos donde se violentaron leyes, reglas y normas de aplicación obligatoria en las naciones que sustentan su existencia en los principios de un Estado democrático y participativo.
En la carta, titulada “Informe sobre los graves hechos contra la voluntad popular”, firmada el 29 de mayo pasado, Mejía expuso que antes, durante y después de transcurridos los comicios, se cometieron irregularidades, que alteraron el derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, se violaron la Constitución, los tratados internacionales de derechos civiles y políticos y la Carta Democrática Interamericana.
Mejía citó entre los antecedentes que justificaron su denuncia la escogencia en el 2010 de la Junta Central Electoral, cuyo presidente Roberto Rosario, era un miembro prominente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estimó que de los nueve miembros que conformaban la JCE, solo Eddy Olivares se relaciona con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
“Esta nueva JCE se constituye luego del retorno del presidente Leonel Fernández de un viaje por Estados Unidos, y un día después que se reuniera el Comité Político del PLD, encabezado por el presidente Fernández”, establece Mejía.
El ex candidato presidencial afirmó que ante ese escenario el movimiento Participación Ciudadana criticó duramente que la JCE fuese copada por dirigentes de partidos políticos, entendiendo que con estas acciones, Fernández y el Comité Político de su partido garantizaban la parcialidad del tribunal de elecciones en favor de su organización política mientras que la oposición debía contentarse con un premio de consolación.
Mejía citó entre los hechos irregulares que atribuye al jefe de Estado dominicano, en septiembre del 2011 en Nueva York, en el hotel New York Palace con dirigentes locales de su organización, la admisión públicamente de que el PLD se encontraba en desventaja en todas las encuestas de intención del voto, “y dijo que su partido volvería a ganar las elecciones del 2012 porque ya no existía la limitación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de gastar RD$40 mil millones equivalentes a US$1,025 millones, dinero que sería utilizado en la campaña proselitista de su partido”.
Mejía refiere que Fernández había dicho que además de esos dineros, dispondría de recursos para ejecutar un plan nacional de pavimentación para lo cual le pidió ayuda al canciller de Venezuela Nicolás Maduro, para que enviase al país millones de barriles de AC-30, que es con lo que se hace el asfaltado y con eso pavimentar medio país, lo que le ayudaría de nuevo a conquistar el apoyo público”.
Manifestó que se llevaría a cabo también un plan nacional de distribución de alimentos con una repartición diaria de 30,000 raciones de comida cocida, equivalente a 10 millones de porciones en nueve meses, a un precio módico de entre RD$2 y RD$3, y 900 plazas agropecuarias.
“En realidad, el uso y abuso de recursos del Estado en favor de la candidatura oficialista sobrepasó las propias expectativas del Presidente de la República quien debió ser garante del libre ejercicio del sufragio de los ciudadanos”, apostilló.
Expuso que las diferentes instancias sometidas a la JCE por el PRD y otras organizaciones políticas opositoras para que se detuviera el uso los recursos del Estado a favor de su candidato Danilo Medina, jamás fueron atendidas por el Pleno. Dijo que la ONG Participación Ciudadana evaluó el gasto electoral en 88% contra 12% para la proporción de los dineros invertidos por el PLD versus el PRD durante la campaña.
Para destacar la magnitud de la brutal participación del presidente Fernández y su gobierno en la campana política, éste utilizó más de RD$60 mil millones (1,532 millones de dólares, independientemente de lo que utilizo el partido de gobierno (PLD).
Dijo que antes y durante el proceso electoral el aparato represivo del Estado fue utilizado para doblegar la voluntad de los votantes de la oposición en todo el territorio nacional, y que el ministerio público y jueces de los tribunales del Estado fueron igualmente implicados emitiendo incluso órdenes de prisión contra dirigentes opositores en fechas previas a los comicios, a ser ejecutadas el día de las elecciones.
En la misiva a Insulza, Mejía dijo que en el 2011 el Consejo Nacional de la Magistratura, y por mandato de la reforma constitucional de enero de 2010, constituyó el nuevo Tribunal Superior Electoral, como órgano jurisdiccional en materia electoral, que asume las funciones de la anterior Cámara Contenciosa de la JCE.
Este organismo está constituido por cinco jueces y sus suplentes, según afirmó, todos parciales al PLD. “A la vez que el Consejo Nacional de la Magistratura es presidido por el Presidente de la República y todos sus miembros formaban parte de la camarilla oficial. “Durante todo el proceso electoral el Gobierno utilizó ingentes recursos para ejercer un control monopólico de los medios de comunicación, cerrando el acceso a los mismos a los partidos opositores e impidiendo un tratamiento justo y equilibrado”, señaló, y dijo que para mantener ese cerco mediático utilizó más de RD$800 millones.
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