Brasil parece darse cuenta de que los estándares han cambiado, pero México aún no lo ha hecho. “¡Aquí nadie sabe hacer cuentas!” exclamó desesperado Alberto Youssef durante una conversación telefónica llena de improperios intervenida por los fiscales brasileños hace tres años.
El Sr. Youssef — ya declarado culpable de ayudar a transferir US$444 millones a cuentas bancarias en el extranjero a través de miles de transacciones separadas — es un lavador de dinero convertido en delator en el llamado ‘Petrolão’ de Brasil, el creciente escándalo de corrupción que ha afectado a los más altos niveles gubernamentales.
El escándalo, que implicó el uso de miles de millones de dólares extraídos de los contratos de construcción de Petrobras — la empresa de energía controlada por el Estado — para servir como sobornos para los políticos, ha llenado las calles de Brasil con manifestantes y ha dado lugar a las peticiones de un juicio político contra Dilma Rousseff, la presidenta más impopular en la historia de Brasil.
El trabajo del Sr. Youssef era, básicamente, ‘motivar’ a los ejecutivos empresariales para obtener sobornos y calmar la avaricia de los políticos, la mayoría de ellos en el Partido de los Trabajadores gobernante. La codicia de los políticos era increíble. Se trataba de la época del auge de Brasil, cuando los precios de las materias primas eran altos y muchos brasileños creían que el horizonte optimista de su “país del futuro” había llegado. La vida para algunos era muy placentera: se robaron más de US$2 mil millones en sobornos.
Pero el optimismo — y los brasileños son famosamente optimistas — no es más que pesimismo carente de información adicional, y gran parte de esa información ya ha sido revelada. Decenas de altos ejecutivos empresariales han sido encarcelados por su papel en el ‘Petrolão’ y más de 30 políticos están siendo investigados por corrupción. El auge también llegó a su fin, y resulta que gran parte de las ganancias inesperadas de las materias primas fue malgastada en nuevos centros comerciales en lugar de en servicios sociales. La ira que sienten los brasileños proviene de un sentimiento de que les han robado su futuro. La economía ha caído en la peor recesión desde la Gran Depresión. El “momento de gloria” de Brasil llegó a su final.
De acuerdo a algunos, se ha trasladado a México, en muchos sentidos el opuesto de Brasil. Mientras que la economía de Brasil ha sido doblegada por la corrupción, el proteccionismo y el apego de la Sra. Rousseff al intervencionismo, la ya liberal economía mexicana se está liberalizando aún más, y su protegido sector petrolero le ha abierto las puertas a la inversión extranjera. La economía de Brasil, regida por las materias primas, está ligada a China, una economía en desaceleración; los fabricantes de bajo costo de México están vinculados a EEUU, una economía en recuperación. El presidente Enrique Peña Nieto ha proclamado una nueva era.
A diferencia de los brasileños, sin embargo, la mayoría de los mexicanos no se han creído el cuento de la “nueva era”. La impunidad legal está desenfrenada. Mientras que México está muy por encima de Brasil en lo que se refiere a la facilidad de hacer negocios según la encuesta del Banco Mundial (en la posición 39, por delante de Chile e Israel, en comparación con la posición 120 de Brasil), lo contrario es cierto en relación con el estado de derecho. México, por ejemplo, ocupa el lugar 103 en el índice de percepciones de corrupción de Transparency International, peor que China, mientras que Brasil, en la posición 69, está al mismo nivel que Italia y Grecia.
La descomposición institucional de México parece extenderse desde arriba hasta abajo. El presidente ha sufrido una serie de escándalos por conflictos de interés que involucran a su esposa y al ministro de finanzas. Los periodistas que informan sobre las desapariciones y la violencia ocasionada por las drogas — como el presunto asesinato de 43 estudiantes el año pasado — son asesinados. Esta semana, más de 500 intelectuales criticaron fuertemente la “censura a tiros” de México. Mientras que en Brasil se encarcelan a los delincuentes, en México los narcotraficantes pueden escapar de las prisiones de alta seguridad a través de túneles construidos en las duchas de sus celdas. Y ¿cuál es la respuesta gubernamental ante los reclamos después de cada bochornoso incidente? Una vergüenza silenciosa y una actitud que enfatiza, como si nada hubiera sucedido, la reforma económica e ignora los problemas del estado de derecho, los cuales representan la mayor preocupación de México.
De lo que el palacio presidencial de México no parece darse cuenta es que la inseguridad y la anarquía también conllevan implicaciones financieras. A comienzos del siglo, Brasil y México contaban con la misma inversión extranjera directa, equivalente al 19 por ciento del producto interno bruto. Desde entonces, ese porcentaje ha aumentado en Brasil al 32 por ciento, mientras que en México, un país “con las puertas abiertas para los negocios”, ha aumentado sólo un 26 por ciento. Incluso hoy en día, a pesar del menguante auge de los precios de las materias primas, las entradas de inversión extranjera anuales a Brasil representan casi el 3 por ciento del PIB; en México representan el 2 por ciento. Encuestas de inversionistas también revelan la creciente preocupación relacionada con la impunidad legal y la inseguridad.
El Sr. Peña Nieto, en una ocasión le restó importancia a una pregunta acerca de la corrupción llamándola un “problema cultural”. Pero los tiempos han cambiado, y lo mismo debe suceder en el caso de la cultura. Los escándalos de corrupción están siendo procesados más rápidamente en Latinoamérica — en gran parte porque los fiscales y los ciudadanos se están basando en las investigaciones de los abusos contra los derechos humanos de la región en el pasado reciente. Los estándares han cambiado.
Brasil — con sus relativamente fuertes instituciones legales y su innata creencia en la libertad de expresión — parece entender esto. México — con instituciones más débiles y una democracia más joven — no lo entiende. Sería ingenuo creer que la investigación de corrupción en Petrobras va a cambiar fundamentalmente la vida política y empresarial en Brasil. Pero, por lo menos, el haber ‘derribado’ figuras que eran anteriormente intocables representa la posibilidad de una nueva dirección. En México, en cambio, no se encarcela a ningún personaje importante, lo cual lleva a sentir que la corrupción está fuera de control.
Si México arreglara su estado de derecho, las entradas de inversión extranjera directa pudieran elevarse a la de los niveles brasileños — aproximadamente US$13 mil millones adicionales anualmente. Al nivel más elemental, el gobierno mexicano sólo necesita hacer bien las cuentas.
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